La Comisión adopta las directrices sobre ayudas regionales para 2014-2020

La Comisión Europea ha adoptado las directrices sobre cómo los Estados miembros pueden conceder a empresas ayudas a la inversión para apoyar el desarrollo de las regiones menos favorecidas en Europa entre 2014 y 2020. Estas directrices forman parte de una estrategia más amplia para modernizar el control de las ayudas estatales, cuyo objetivo es impulsar el crecimiento en el mercado único, fomentando unas medidas de ayuda más efectivas y centrando el control de la Comisión en los casos de mayor incidencia en la competencia (véase IP/12/458). Las directrices entrarán en vigor el 1º de julio de 2014. 

Las directrices sobre ayudas regionales 2014-2020 se han adoptado tras amplias consultas con los principales interlocutores (Estados miembros, autoridades locales y regionales, asociaciones empresariales, grupos de interés, empresas individuales y ciudadanos) y con el Parlamento Europeo, el Comité de las Regiones y el Comité Económico y Social. Las directrices contienen normas sobre la base de las cuales los Estados miembros pueden elaborar mapas de ayudas regionales, en los que se señala en qué zonas geográficas las empresas pueden obtener ayuda a la inversión y en qué nivel.

Las principales características de las nuevas directrices son:

• La proporción global de regiones en las que se pueden conceder ayudas regionales aumentará del actual nivel del 46,1% al 47,2 % de la población de la UE. Hoy en día solo uno de cada cuatro europeos vive en una región menos favorecida (región con un PIB inferior al 75 % de la media de la UE) frente a uno de cada tres, cuando se adoptaron las anteriores directrices para 2007-2013. A pesar de esta reducción de las disparidades regionales, la Comisión ha tenido en cuenta los efectos de la crisis económica y, por lo tanto, ha incrementado la cobertura de población.
• Menos medidas de ayuda estarán sujetas a la supervisión de la Comisión ya que más categorías de ayuda estarán exentas de la obligación de notificación previa a la Comisión, lo que permite a los Estados miembros      gastar cantidades de ayuda menores   con una carga administrativa limitada. Se espera que esto facilite la absorción de las financiación de la UE en los casos en que las medidas de ayuda estén financiadas conjuntamente por los fondos estructurales. La Comisión se centrará en los casos que más efectos de distorsión de la competencia pueden implicar, los cuales estarán sujetos a una supervisión más estricta con el fin de preservar la igualdad de condiciones en el mercado único.
• Las medidas de ayuda importantes estarán sujetas a una evaluación pormenorizada de su efecto incentivador, proporcionalidad, contribución al desarrollo   regional y efectos en la competencia. La Comisión examinará este tipo de ayuda en detalle para garantizar que se otorga solo y en la medida que sea necesaria para inversiones que no se habrían realizado sin dicha ayuda y que el dinero público se gasta de la manera más eficiente y efectiva.
• Sobre la base de la experiencia de la Comisión, las directrices adoptan un      enfoque más estricto sobre ayudas a inversiones por grandes empresas en las zonas asistidas más desarrolladas. Ciertamente la experiencia muestra que las decisiones de las grandes empresas de invertir en una región determinada se ven inducidas por factores como el coste y la disponibilidad de los factores de producción (mano de obra, suelo, capital, etc.) y el contexto económico general (impuestos, entorno empresarial), más que por las ayudas estatales. Conceder una ayuda en este contexto, en donde una gran empresa habría invertido en cualquier caso, equivale a entregar un fondo gratuito, que simplemente reduce los costes corrientes ordinarios de la empresa, que sus competidoras (locales) tienen que afrontar sin ayudas. Esto conduce a un despilfarro del dinero de los contribuyentes y a distorsiones de la competencia con efectos nocivos para el crecimiento. Por lo tanto, las ayudas a grandes empresas en estas zonas solo se permitirán para inversiones que aporten una nueva actividad económica, para inversiones iniciales para la diversificación de establecimientos existentes en nuevos productos o para innovación de los procesos, porque es más probable que estas inversiones se realicen gracias a las subvenciones. En las regiones más pobres (regiones con un PIB inferior al 75% de la media de la UE), las directrices siguen permitiendo conceder ayudas a otros tipos de inversión también por parte de grandes empresas.
• En las regiones ultraperiféricas y zonas con muy baja densidad de población, la posibilidad para los Estados miembros de conceder ayudas de funcionamiento a las empresas se mantiene y simplifica.
• Los niveles máximos de ayuda (las así llamadas «intensidades de la ayuda») permanecen sin cambios para las regiones menos desarrolladas. Para el resto de regiones asistidas, las intensidades se reducen ligeramente en 5 puntos porcentuales, habida cuenta de la reducción general de las disparidades regionales de la UE y la necesidad de evitar carreras por las subvenciones entre los Estados miembros en tiempos de fuertes restricciones presupuestarias.
• Se refuerzan las disposiciones contra la deslocalización y no se permitirá la ayuda regional que cause que se deslocalice la misma o similar actividad dentro del  Espacio Económico Europeo (EEE).
• Para incrementar la transparencia y la responsabilización, los Estados miembros tendrán que publicar en Internet datos sobre cuántas ayudas regionales conceden y a quién.

Contexto

Las directrices sobre ayudas regionales vigentes, que expiran a finales de 2013, se prorrogarán hasta el 30 de junio de 2014.

Las directrices sobre ayudas regionales establecen las normas en virtud de las cuales los Estados miembros pueden otorgar ayudas estatales a empresas para apoyar inversiones en nuevas  instalaciones de producción en las regiones menos favorecidas de Europa o ampliar o modernizar las instalaciones existentes. El fin último de la ayuda estatal regional es apoyar el desarrollo económico y el empleo. Las directrices, por lo tanto, contienen también normas sobre la base de las cuales los Estados miembros pueden elaborar mapas de ayudas regionales, en los que se señala en qué zonas geográficas las empresas pueden obtener ayuda estatal regional y en qué nivel (intensidad de la ayuda).

En 2010 se inició un proceso de revisión para adaptar las directrices a la reducción general de las disparidades regionales en la UE de los últimos siete años, a los efectos de la crisis económica y a los objetivos de la modernización de las ayudas estatales, así como para garantizar la coherencia con la política de cohesión de la UE. A partir de los comentarios y opiniones recogidos en las dos consultas públicas y en los intensos diálogos con los interlocutores, la Comisión ha ultimado las directrices, que entrarán en vigor el 1º d julio de 2014 para dejar suficiente margen a los Estados miembros para preparar sus mapas de ayuda regional.

La cobertura de población para los mapas de ayuda regional garantiza que la ayuda siga centrándose en las regiones que están menos desarrolladas desde la perspectiva de la UE, dejando al mismo tiempo a los Estados miembros suficiente margen de maniobra para abordar sus propias disparidades regionales internas:

• Para garantizar que los Estados miembros abarcan las regiones que son menos favorecidas desde la perspectiva de la UE, la Comisión ha predeterminado las regiones que puedan acogerse a las ayudas regionales sobre la base de su nivel de desarrollo relativo (regiones con un PIB per capita inferior al 75 % de la media de la UE) y sus desventajas permanentes (regiones ultraperiféricas, regiones con muy baja densidad de población).
• Además, y para garantizar una transición suave, las regiones que previamente se encontraban bajo el umbral del 75% del PIB de la UE siguen estando predeterminadas al nivel de la UE como regiones que pueden acogerse a las ayudas regionales.
• La cobertura de población restante se distribuye entre los Estados miembros de acuerdo con criterios socioeconómicos, que tienen en cuenta las disparidades regionales, incluido el desempleo, tanto al nivel de la UE como al nacional. Le corresponde entonces a cada Estado miembro decidir cómo usar este margen de maniobra para definir más zonas que puedan acogerse a las ayudas regionales con objeto de abordar sus disparidades regionales internas, de acuerdo con el principio de subsidiariedad.

A lo largo del período 2007-2011, el gasto en ayudas regionales representó el 0,11% del PIB de la UE. Durante este período, el 85% de la ayuda regional se gastó en la regiones menos desarrolladas (regiones con un PIB inferior al 75 % de la media de la UE). En torno al 40% de toda la ayuda regional se gastó en virtud del Reglamento general de exención por categorías, que exime la ayuda de notificación previa a la Comisión si se cumplen determinadas condiciones.

En el actual período de programación (2007-2013) aproximadamente el 20% de la política de cohesión (FEDER, FSE y Fondo de Cohesión) se gasta en forma de ayudas estatales a empresas. Respecto de las medidas de ayudas estatales cofinanciadas por los fondos estructurales, los Estados miembros no acuden predominantemente a las directrices sobre ayudas regionales, sino que utilizan también otras directrices sobre ayudas estatales (en particular, las directrices sobre ayuda estatal a la I+D e innovación o sobre financiación de riesgos, y el Reglamento general de exención por categorías).