viernes, 28 de abril de 2017

La Comisión lleva a España ante el Tribunal de Justicia por no incorporar plenamente la normativa de la UE en materia de créditos hipotecarios

La Comisión Europea ha decidido llevar a Croacia, Chipre, Portugal y España ante el Tribunal de Justicia de la UE por no incorporar la Directiva sobre créditos hipotecarios en su ordenamiento jurídico nacional.

Los Estados miembros debían incorporar la Directiva sobre créditos hipotecarios el 21 de marzo de 2016 a más tardar. Croacia, Chipre, Portugal y España aún no han cumplido esta obligación.

La Directiva sobre créditos hipotecarios (Directiva 2014/17/UE) aspira a crear un mercado de crédito hipotecario en la UE con un nivel elevado de protección de los consumidores. Entre sus principales disposiciones cabe destacar las normas de conducta para los proveedores, incluida la obligación de evaluar la solvencia de los consumidores y divulgar información, requisitos en materia de conocimientos y competencia del personal, disposiciones relativas a determinados aspectos del crédito hipotecario, como el reembolso anticipado, los préstamos suscritos en moneda extranjera, las prácticas de venta vinculada, la educación financiera, la tasación de la propiedad, las demoras y la ejecución hipotecaria, así como un pasaporte de la UE para los intermediarios de crédito que cumplen los requisitos de admisión en su Estado miembro de origen.

La no aplicación de la Directiva por los Estados miembros significa que los consumidores de esos Estados no pueden disfrutar de la protección que la misma garantiza cuando suscriben sus préstamos hipotecarios o cuando experimentan dificultades para reembolsarlos. Por otra parte, los intermediarios de crédito no pueden disfrutar de un pasaporte para sus actividades comerciales, lo que priva a los consumidores de Croacia, Chipre, Portugal y España de ofertas de crédito potencialmente más ventajosas procedentes de prestamistas de otros Estados miembros. Ello dificulta la competencia, limita las posibilidades de elección y lleva a unos precios más altos.
Antecedentes
En mayo de 2015, la Comisión Europea instó formalmente a Croacia, Chipre, Portugal y España a incorporar la Directiva. Desde entonces, los Estados miembros afectadosno han cumplido el dictamen motivado de la Comisión

Primeras iniciativas concretas para hacer realidad el pilar europeo de derechos sociales

Si bien la mayoría de los instrumentos relativos a derechos sociales están en manos de los Estados miembros, así como de los interlocutores sociales y de la sociedad civil, las instituciones de la Unión Europea —y, en particular, la Comisión Europea— pueden contribuir a establecer el marco y marcar el rumbo. Además de proponer el pilar europeo de derechos sociales, la Comisión también presentó esta semana una serie de iniciativas legislativas y no legislativas relacionadas con la conciliación de la vida familiar y la vida profesional, la información de los trabajadores, el acceso a la protección social y el tiempo de trabajo.

En primer lugar, este trabajo, realizado bajo la dirección del vicepresidente Dombrovskis y del vicepresidente primero Timmermans, incluye una propuesta destinada a mejorar las condiciones para que los progenitores y los cuidadores que trabajan concilien la vida familiar y la vida profesional.

Frans Timmermans, vicepresidente primero, ha declarado: 
«Vivir en el siglo XXI significa que nuestra actitud hacia la vida y el trabajo, hacia las mujeres y los hombres, ha de ser una actitud del siglo XXI. Nuestras hijas e hijos no deberían verse obligados a encarnar los modelos de conducta de nuestros abuelos. No existe la conciliación "correcta". sino que se trata de elegir, y ya es hora de dar a todos los ciudadanos la posibilidad real de elegir cómo quieren orientar sus vidas, criar a sus hijos, tener una carrera profesional, ocuparse de sus mayores, en definitiva, vivir sus vidas.»

Marianne Thyssen, comisaria de Empleo, Asuntos Sociales, Capacidades y Movilidad Laboral, ha manifestado: 
«Aumentar la participación de la mujer en el mercado de trabajo no es solo una cuestión de equidad, sino que también presenta un triple beneficio. Es bueno para los progenitores y los cuidadores que trabajan, que conseguirán conciliar mejor sus vidas familiares y profesionales; es bueno para las empresas, que podrán atraer y retener el talento; y es bueno para los Estados miembros, que pierden 370 000 millones de euros cada año debido a la brecha de género en el empleo existente en la actualidad

«La conciliación de la vida profesional y de la vida familiar es un reto diario para las mujeres y los hombres de toda Europa» ha declarado Vĕra Jourová, comisaria de Justicia, Consumidores e Igualdad de Género de la UE. 
«Es nuestro deber ofrecer el marco adecuado para que las personas puedan tomar sus propias decisionesNuestra nueva propuesta tiene por objeto reforzar los derechos y mejorar las condiciones para que los progenitores que trabajan y los cuidadores concilien el trabajo y las responsabilidades familiares. Aportará una mayor flexibilidad y una mejor protección a las madres, los padres y los cuidadores, ya sea porque quieren dedicar tiempo a cuidar de sus hijos o disfrutar de modalidades de trabajo flexibles, o bien porque deseen volver a trabajar.»

La propuesta sobre la conciliación de la vida profesional y la vida familiar establece una serie de normas mínimas nuevas o más amplias en lo relativo a las normas de permiso parental, de paternidad y para los cuidadores. Incluye el nuevo derecho de que los padres dispongan al menos de 10 días hábiles libres en las fechas en torno al nacimiento de un hijo. La propuesta también prevé que el actual derecho a cuatro meses de permiso parental pueda utilizarse en el caso de niños de hasta 12 años de edad, frente a la actual orientación no vinculante de los 8 años que existe ahora. El permiso parental también se convierte en un derecho individual para madres y padres, sin que sea posible transferir cuatro meses al otro progenitor, un fuerte incentivo para que los hombres también se acojan a esta posibilidad. Se introducirá por primera vez un permiso de cinco días al año para cuidadores, en caso de enfermedad de un familiar directo. Todas estas modalidades de permiso relacionadas con la familia serán remuneradas al menos al nivel del subsidio de enfermedad. La propuesta también ofrecerá a los padres de niños de hasta 12 años de edad y a los cuidadores el derecho a solicitar fórmulas de trabajo flexibles, como los horarios reducidos o flexibles, o bien la flexibilidad en el lugar de trabajo. Además, tiene en cuenta las necesidades de las pymes y aspira a garantizar que no se vean afectadas desproporcionadamente.

Las medidas propuestas están destinadas, en particular, a aumentar las posibilidades de que los hombres asuman las responsabilidades parentales y de cuidados. Ello beneficiará a los niños y ayudará a que aumente la participación de la mujer en el mercado de trabajo, reduciendo así la diferencia entre hombres y mujeres en el empleo, que en 2005 seguía siendo del 11,6 % y que aumenta incluso al 30 % cuando las familias tienen hijos menores de seis años. Este es uno de los elementos que contribuyen a la brecha de género (16,3 %) y a la brecha en materia de pensiones (40 %). Los Estados miembros pueden encomendar a los interlocutores sociales la aplicación de esta Directiva siempre y cuando se garanticen los resultados que pretende alcanzar.

Además de esta propuesta legislativa, la Comisión también pone en marcha dos consultas de los interlocutores sociales, que reflejan la importancia de la contribución de estos para hacer realidad el pilar europeo de derechos sociales y va en consonancia con su papel en virtud de los Tratados. La primera consulta de los interlocutores sociales se refiere a la modernización de las normas sobre los contratos de trabajo. La Directiva sobre la obligación de informar por escrito (91/533/CEE) ofrece al trabajador que comience en un nuevo puesto de trabajo el derecho a ser informado por escrito sobre los aspectos esenciales de su relación de trabajo. Este derecho sigue siendo muy importante, pero puede que deba adaptarse a la luz de las nuevas realidades y prácticas en los mercados de trabajo, para garantizar unas condiciones de trabajo equitativas también en un mundo laboral cambiante. Por tanto, la Comisión desea iniciar un debate sobre las garantías mínimas que merecería todo trabajador, incluidos los que se encuentran en situaciones de empleo atípicas. La Comisión tiene la intención de proponer una revisión de esta Directiva antes de que concluya el año.
Además, la Comisión está iniciando una consulta de los interlocutores sociales sobre el acceso a la protección social, con el fin de definir las posibles nuevas normas en este ámbito. Los derechos y las obligaciones vinculados a la protección social se han ido desarrollando a lo largo del tiempo, sobre todo para los trabajadores que tienen contratos normales, mientras que, en lo que respecta a los autónomos y a aquellos con modalidades de trabajo atípicas, su evolución ha sido insuficiente. Las modalidades de trabajo más flexibles de la actualidad ofrecen nuevas oportunidades de empleo especialmente para los jóvenes, pero son potencialmente fuentes de nuevas situaciones de precariedad y desigualdades. La Comisión quiere subsanar las carencias y explorar la manera de ofrecer a todos aquellos que trabajan una cobertura de la seguridad social y servicios de empleo con arreglo a sus contribuciones.

Por último, la Comisión ha adoptado  una aclaración de la Directiva sobre el tiempo de trabajo, que ofrece orientación sobre cómo interpretar varios aspectos de dicha Directiva en consonancia con un volumen creciente de jurisprudencia. Así se ayudará a los Estados miembros a aplicar el acervo correctamente y a evitar nuevas infracciones.

Antecedentes
Cumplir los principios y los derechos definidos en el pilar europeo de derechos sociales es una responsabilidad conjunta de las instituciones de la UE, los Estados miembros, los interlocutores sociales y otras partes interesadas. La Comisión Europea contribuirá a establecer el marco y a encabezar el camino sobre cómo aplicar el pilar, respetando plenamente las competencias de los Estados miembros y teniendo en cuenta la diversidad de situaciones entre los Estados miembros y las realidades de hoy y de mañana.
Las iniciativas presentadas hoy ponen de manifiesto la sustancia de los asuntos que han de abordarse y las maneras de actuar inspiradas por el pilar. Determinados principios y derechos incluidos en el pilar requerirán otras iniciativas legislativas para que puedan aplicarse de forma efectiva, como pone de ejemplo la Directiva propuesta sobre conciliación de la vida familiar y la vida profesional. Cuando sea necesario, se actualizará la legislación vigente de la UE, se completará y se aplicará mejor, algo de lo que es un ejemplo la clarificación de la Directiva sobre el tiempo de trabajo. En todos los casos, la Comisión procurará mantener amplias consultas con todas las partes interesadas y que estas participen; además, los interlocutores sociales desempeñan un papel específico, como ejemplifican las dos nuevas consultas.
Todas las iniciativas adoptadas hoy forman parte del programa de trabajo de la Comisión para 2017. En el contexto del programa anual de trabajo de la Comisión podrán debatirse otras iniciativas a escala de la UE.

Reflexión sobre la dimensión social de Europa de aquí a 2025

Tras la apertura del debate sobre el futuro de Europa mediante el Libro Blanco de la Comisión sobre el futuro de Europa presentado el 1 de marzo, la Comisión centra el plano en la dimensión social de Europa en 2025.

El documento de reflexión sobre la dimensión social de Europa presentado ayer en Bruselas, marcará el comienzo de un proceso de reflexión con los ciudadanos, los interlocutores sociales, las instituciones europeas y los gobiernos, con objeto de hallar respuestas para los desafíos a los que habrán de enfrentarse nuestras sociedades y ciudadanos en los próximos años. El documento supone también un esfuerzo para aclarar el grado de participación de la UE al abordar estos desafíos.

Valdis Dombrovskis, vicepresidente del Euro y el Diálogo Social, también responsable de Estabilidad Financiera, Servicios Financieros y Unión de los Mercados de Capitales, ha indicado: 
«Este documento de reflexión sienta las bases para iniciar un debate sobre el tipo de dimensión social que queremos para Europa y cuáles son las medidas que se han de tomar a escala de la UE para dar respuesta a los desafíos a los que nos enfrentamos hoy en día. A fin de lograr un consenso en torno a las ideas presentadas en el documento de reflexión, contamos con la participación activa de los parlamentos nacionales, los interlocutores sociales y los ciudadanos».

Concretamente, este documento de reflexión sobre la dimensión social de Europa, redactado bajo la dirección del vicepresidente Dombrovskis y la comisariaThyssen, plantea amplias cuestiones sociales no solo sobre nuestro modo de vida y la manera en que se organizan nuestras sociedades, sino también sobre cómo crear más y mejores puestos de trabajo, dotar a las personas de las capacidades adecuadas y fomentar más la unidad en nuestra sociedad, teniendo en cuenta la sociedad y el mundo laboral del futuro.
Para esta reflexión, en el documento se establecen tres opciones posibles, para el futuro, que se hacen eco de los argumentos expuestos durante el debate público:
  • Limitar la dimensión social a la libertad de movimiento: según esta opción, la Unión mantendría en vigor la legislación para fomentar los movimientos transfronterizos de ciudadanos en materias como los derechos relativos a la seguridad social de los ciudadanos móviles, el desplazamiento de los trabajadores, la asistencia sanitaria transfronteriza y el reconocimiento de titulaciones. Sin embargo, ya no existirían normas mínimas de la UE en cuanto a la salud y seguridad de los trabajadores, los tiempos de trabajo y de descanso o los permisos de maternidad y paternidad, por ejemplo. Europa ya no impulsaría las oportunidades para el intercambio de buenas prácticas entre los Estados miembros en los ámbitos de la educación, la sanidad, la cultura y el deporte; los programas de reconversión social y regional de los Estados miembros, cofinanciados con dinero de la UE, quedarían suspendidos o se deberían financiar a escala nacional.
  • Los que desean hacer más en el ámbito social, hacen más: Distintos grupos de países podrían decidir seguir trabajando juntos en el ámbito social. Estos podrían ser o bien los países que utilizan el euro como moneda única común, a fin de mantener la fortaleza y la estabilidad de la zona del euro y evitar ajustes bruscos del nivel de vida de los ciudadanos, o bien cualquier otra configuración posible de países participantes que pudieran centrarse en otras cuestiones.
  • La Europa de los veintisiete al completo continúa trabajando en su dimensión social: aunque las administraciones nacionales y locales deberían seguir siendo y serían el epicentro de cualquier acción que se realice en el ámbito social, la UE estudiaría de qué manera seguir respaldando las acciones de los Estados miembros, haciendo valer plenamente los instrumentos de los que dispone. La legislación no solamente fijaría normas mínimas sino que, en determinados ámbitos, podría armonizar plenamente los derechos de los ciudadanos en toda la UE con objeto de centrarse en la convergencia social de los efectos sociales.

En un momento en el que la Europa de los veintisiete trata de configurar su futuro, el diálogo sobre la dimensión social de nuestra Unión resulta oportuno y fundamental. En sintonía con el Libro Blanco sobre el futuro de Europa, el documento de reflexión inicia el debate planteando distintas ideas, propuestas y opciones sobre la dimensión social de Europa en 2025. Las ideas que se recogen en las distintas opciones se pueden combinar y en ningún caso son prescriptivas o restrictivas, sino que tienen como finalidad enriquecer y alimentar el debate para que se puedan desarrollar acciones.

Al mismo tiempo, la Comisión adquirió el compromiso de seguir contribuyendo a la dimensión social europea en consonancia con sus orientaciones políticas y suprograma de trabajo. La presentación hoy del pilar europeo de derechos sociales, junto con las iniciativas que lo acompañan, es una iniciativa emblemática para cumplir este mandato de avanzar hacia un mercado laboral y unos sistemas de protección social preparados para el futuro, más justos y que funcionen mejor, y para apoyar una convergencia renovada en torno a mejores condiciones de trabajo y de vida.

Contexto
La consecución de una Europa más social y justa es una prioridad clave de esta Comisión. A pesar de las mejoras recientes en las condiciones tanto económicas como sociales en Europa, todavía persisten las diferencias entre los países y las regiones. La crisis económica ha dejado una huella profunda en la vida de los ciudadanos y en nuestras sociedades y, sin embargo, todavía compartimos las mismas aspiraciones sociales.
Así lo confirma la Declaración de Roma, aprobada por los líderes de la UE el 25 de marzo de 2017, que subraya la importancia de una Europa social fuerte, basada en el crecimiento sostenible y que promueva el progreso económico y social, así como la cohesión y la convergencia, al tiempo que defiende la integridad del mercado interior; que tenga en cuenta la diversidad de los sistemas nacionales y el papel fundamental de los interlocutores sociales, para que la Europa de los veintisiete pueda avanzar.
En su diversidad, los países de la Europa de los veintisiete tienen la posibilidad de dar una respuesta tanto individual como colectiva a los desafíos comunes, a sabiendas de que la responsabilidad de prepararse para el futuro está en buena parte en sus manos. Las vías presentadas en el documento de reflexión sobre la dimensión social de Europa ayudan a percibir qué podría lograrse a escala de la Unión y cuáles serían las limitaciones, en función del grado de ambición que se persiga y de la medida en que algunos (o todos) los Estados miembros estén preparados para trabajar juntos. También aspiran a preparar el terreno para un debate que aclare esencialmente dos cuestiones pendientes: ¿Qué desafíos deben tratar de resolver nuestros países conjuntamente? ¿Qué valor añadido pueden proporcionar los instrumentos de la UE?

El gobierno sueco junto con la Comisión está preparando una cumbre social para empleos justos y crecimiento que se celebrará el 17 de noviembre de 2017 en Gotemburgo, lo que supondrá una nueva ocasión para avanzar en este debate.
El documento de reflexión sobre la dimensión social de Europa, redactado bajo la dirección del vicepresidente Dombrovskis y la comisaria Thyssen, da continuidad al Libro Blanco sobre el futuro de Europa presentado el 1 de marzo, que establece los desafíos y oportunidades principales para Europa en las próximas décadas. El Libro Blanco marcó el comienzo de un proceso en el que la EU-27 debe decidir sobre el futuro de su Unión. Con el fin de fomentar este debate, la Comisión Europea, junto con el Parlamento Europeo y los Estados miembros interesados, organizará una serie de debates sobre el futuro de Europa en las ciudades y regiones europeas.

miércoles, 26 de abril de 2017

Actividades semanales

Mañana jueves, 27, a partir de las 10 de la mañana, estaremos en el encuentro organizado por "Cruzando Caminos" en Sama de Langreo, un espacio donde se cruzan diferentes perfiles profesionales (entidades, empresas, profesionales de recursos humanos, emprendedores y personas en búsqueda de empleo) dispuestos a colaborar, compartir, contribuir al cambio laboral, desde la creación de sinergias, colaboraciones profesionales e intercambio de conocimiento. 

En este encuentro Europe Direct Asturias informará a los participantes sobre los recursos que la UE pone a nuestra disposición en materia de movilidad y empleo en la espacio europeo.

Para más información @CruzatuCamino  y @ED_Asturias

Prioridades Junker: Cuarta prioridad - el Mercado Interior

Siguiendo con nuestro repaso a las 10 Prioridades Junker, hablamos este mes de abril de la 4 de las 10 prioridades Junker: Mercado Interior


Jean-Claude Juncker se comprometió a centrar su actuación al frente de la Unión Europea en diez áreas cuando, el 15 de julio de 2014, los eurodiputados lo eligieron como Presidente de la Comisión Europea. Sus prioridades van desde impulsar el empleo y la economía hasta el cambio democrático. Un año después, Juncker intervino por primera vez en un debate sobre el estado de la Unión en la Eurocámara, cita en la que se repasaron logros y retos pendientes.

La cuarta Prioridad es "El mercado Interior": un mercado interior más integrado y justo, con una base industrial más sólida
Una economía europea integrada es la mejor manera de responder a los retos de la globalización. La UE tiene que finalizar con el mercado interior de productos y servicios y convertirlo en una buena palanca para prosperar en el marco de la economía mundial. De esta forma, la industria y las empresas europeas generan crecimiento y puestos de trabajo. También forma parte de esta prioridad el fortalecimiento de una fiscalidad justa, eficiente, transparente y favorable al crecimiento.

Para informarte de todas las Prioridades te recomendamos que consultes las "Propuestas europeas para una juventud con futuro". Una guía sobre las prioridades Junker para que jóvenes y ciudadanía en general conozcan de cerca los objetivos de la Comisión Europea.
La publicación –traducida al catalán, valenciano y gallego- responde a una iniciativa de diferentes oficinas de la red Europe Direct España.
El resultado se materializa en un documento de consulta interactivo en el que se pueden encontrar las principales oportunidades, medidas y recursos destinados a jóvenes europeos en el contexto de las 10 prioridades Juncker.
Información sobre empleo, voluntariado, derechos de la ciudadanía europea o Erasmus + son algunos de los temas de la guía que se puede descargar en formato PDF: Descarga

lunes, 24 de abril de 2017

Cuerpo Europeo de Solidaridad


El 7 de diciembre de 2016, la Comisión puso en marcha el Cuerpo Europeo de Solidaridad, que ofrece a los jóvenes de entre 18 y 30 años nuevas oportunidades de participar en actividades de solidaridad para hacer frente a situaciones difíciles en Europa. De ese modo, podrán adquirir una experiencia inestimable y unas capacidades importantes al principio de sus andaduras profesionales, al tiempo que dispondrán de una valiosa herramienta para promover y reforzar la solidaridad, uno de los valores esenciales de la Unión Europea. Desde que se puso en marcha, casi 24 000 jóvenes se han inscrito en el Cuerpo Europeo de Solidaridad; el objetivo es que a finales de 2020 se alcance la cifra de 100 000 jóvenes. 


En su Comunicación sobre el Cuerpo Europeo de Solidaridad, la Comisión adoptó un enfoque gradual, basándose en los programas e instrumentos existentes en una fase inicial, mientras elabora su propuesta de instrumento jurídico independiente, prevista para el primer semestre de 2017. Para preparar la propuesta legislativa, la Comisión ha puesto en marcha una consulta pública, complementada mediante consultas específicas con las partes interesadas clave. Los principales elementos del Cuerpo para el futuro se debatirán en un foro de las partes interesadas el 12 de abril de 2017.

Desde el pasado mes, las organizaciones acreditadas que ofertarán colocaciones de solidaridad pueden utilizar la base de datos de jóvenes interesados en participar en el Cuerpo Europeo de Solidaridad. Esto permitirá a las organizaciones encontrar potenciales empleados, trabajadores en prácticas o voluntarios para sus actividades. Los candidatos llevan registrándose desde principios de 2017. Además, a partir de esta primavera estarán disponibles varios centenares de colocaciones, a las que se añadirán miles más en los próximos meses.


¿Cómo pueden las organizaciones participar en Cuerpo Europeo de Solidaridad?
Para participar, cada organización deberá suscribir el mandato y los principios del Cuerpo Europeo de Solidaridad y adherirse a la Carta del Cuerpo, que define los derechos y responsabilidades durante todas las etapas de la actividad solidaria. Las organizaciones que ya están acreditadas en uno de los programas de financiación tienen acceso automáticamente a la herramienta en línea.

El sistema en línea del Cuerpo Europeo de Solidaridad permite poner en contacto directamente a las organizaciones y los jóvenes interesados en una colocación de solidaridad. Al registrarse, los jóvenes pueden indicar sus capacidades, experiencias, disponibilidad, preferencias y motivación, además de sus datos personales, y también pueden subir sus currículos.

lunes, 10 de abril de 2017

Declaración del vicepresidente primero, Frans Timmermans, y de las comisarias Marianne Thyssen, Vĕra Jourová y Corina Creţu en vísperas del Día Internacional del Pueblo Gitano, el sábado 8 de abril de 2017



«La igualdad de trato y los derechos fundamentales constituyen la piedra angular de la Unión Europea. El pueblo gitano ha sufrido una larga historia de exclusión social y prejuicios. La minoría más importante de Europa –en la UE viven seis millones de gitanos– sigue siendo objeto de discriminación y marginación.

Estamos decididos a continuar la lucha contra el antigitanismo y a presionar para lograr la plena integración de los gitanos en todas las sociedades y países de la UE.

Desde 2011, la Comisión Europea colabora estrechamente con los Estados miembros a fin de combatir la discriminación e impulsar la integración social y económica de los gitanos, en particular a través de las inversiones de la política de cohesión en proyectos en favor de la integración social, el capital humano y la regeneración urbana. Si bien se han conseguido algunos progresos, todavía queda mucho por hacer para mejorar la vida cotidiana de la comunidad gitana y para construir una sociedad integradora.

Invitamos a los Estados miembros a redoblar sus esfuerzos para apoyar a los gitanos: cada país de la UE debe respetar y aplicar leyes contra la discriminación; todos los niños gitanos deben tener acceso a una educación no segregada; las autoridades nacionales deben evitar los desalojos forzosos y apoyar el acceso a la vivienda. De manera más general, instamos a los Estados miembros a demostrar su compromiso político y a adoptar una visión a largo plazo para luchar contra la discriminación y la hostilidad hacia los gitanos.
Con arreglo a la decisión adoptada por los ministros de Asuntos Sociales en diciembre de 2016, la Comisión pondrá en marcha una evaluación del Marco Europeo de Estrategias Nacionales de Inclusión de los Gitanos. En ella se analizará el impacto de los instrumentos europeos y nacionales instaurados hasta la fecha y se propondrán ideas para mejorar la estrategia y aumentar su eficacia a la hora de promover la inclusión del pueblo gitano.

La integración y la aceptación empiezan a nivel individual; por ello hacemos un llamamiento a todos los ciudadanos de la UE para que reconozcan y acepten la igualdad de los gitanos, y sean conscientes del papel único que desempeñan la historia y la cultura gitanas."

La Comisión y las autoridades de protección de los consumidores toman medidas contra las páginas web de reservas de viajes que llevan a cabo prácticas engañosas


Las autoridades de protección de los consumidores de distintos países llevan a cabo un escrutinio («barrido») en toda la UE que consiste en un conjunto de controles simultáneos. Estos controles revelan si se cumple la normativa de la UE en materia de protección de los consumidores. Si en los controles se detecta un incumplimiento de la legislación en la materia, las autoridades de protección de los consumidores se ponen en contacto con las empresas implicadas y las invitan a subsanarlo. Hasta ahora las medidas de «barrido» anteriores se han centrado en: compañías aéreas (2007), contenidos móviles (2008), productos electrónicos (2009), venta de entradas en línea (2010), crédito al consumo (2011), contenidos digitales (2012), servicios de viajes (2013), garantías sobre productos electrónicos (2014) y la Directiva sobre los derechos de los consumidores(2015).

Cada año, la Comisión coordina el análisis de páginas web en un sector específico, con la ayuda de la Red de Cooperación para la Protección de los Consumidores (CPC), que agrupa a las autoridades de consumo de 28 países (26 países de la UE, Noruega e Islandia). Las autoridades son responsables de hacer cumplir la legislación de la UE en materia de protección de los consumidores.

Resultados del escrutinio de 2016 de las páginas web de comparación y reserva de viajes. 
Las autoridades de la Red de CPC de 28 países (26 países de la UE, Noruega e Islandia) analizaron un total de 352 páginas web y compararon ofertas y precios, principalmente en el sector de los viajes. Del total de páginas web, el 23,6 % comparaba precios de alojamientos; el 21,3 %, precios de billetes (avión, barco, tren, autobús, etc.); el 5,1 %, precios de alquiler de coches; mientras que el 44,6 % ofrecía una comparación combinada de productos y servicios (billetes, alojamiento, paquetes de viajes, etc.).
El escrutinio reveló una serie de irregularidades en las herramientas de comparación en línea. Las principales irregularidades se referían al precio y al método de calcularlo y presentarlo:
  • en el 32,1 % de los casos, el precio que figuraba en la página de la lista de comparación no era el mismo que el que aparecía, en último término, en la página de reserva;
  • en el 30,1 % de las páginas web, no estaba claro el precio total (impuestos incluidos) o el método para calcularlo;
  • el 20,7 % de las páginas web presentaba precios especiales que no estaban disponibles en ese momento, como se anunciaba a través de la página real de reserva;
  • en el 25,9 % de las páginas web se daba la impresión de que determinadas ofertas escaseaban (por ejemplo, «solo quedan dos», «solo disponible hoy»), sin especificar que esta situación de escasa disponibilidad solo se refería a su propia página web.

Otras irregularidades detectadas por la Red CPC se referían a:
  • la identidad del proveedor de la herramienta de comparación: el 22,7 % solo ofrecía información limitada (por ejemplo, nombre y dirección del establecimiento), mientras que el 4 % no facilitaba información alguna;
  • el proceso de evaluación por parte de los usuarios: el 21,3 % de las páginas web presentaba las opiniones de los consumidores de manera poco clara o confusa (o incluía elementos que podían hacer dudar de su veracidad);
  • la cobertura de la comparación: el 10,5 % de las páginas web no proporcionaba información sustancial que fuera relevante para la comparación.

La cuestión menos problemática era la presentación de la publicidad y la comercialización. Solo en el 2,8 % de las páginas web se constató este tipo de irregularidades.

Número de páginas web analizadas durante la operación de «barrido» y marcadas para una nueva investigación

Gráfico 1

Número de páginas web analizadas por tipo de herramienta de comparación
Gráfico 2

Número de páginas web analizadas por tipo de servicio/producto comparado

Gráfico 3



Próximos pasos
La Red de Cooperación para la Protección de los Consumidores (CPC) se pondrá en contacto con las 235 páginas web con irregularidades y solicitará que las subsanen. En caso de que no cumplan, las autoridades nacionales podrán incoar procedimientos administrativos o judiciales, ya sea directamente o a través de los órganos jurisdiccionales nacionales en función de la legislación nacional aplicable.