La UE ha acordado abrir una línea de
crédito de hasta 100.000 millones de euros para reestructurar a entidades
financieras y bancos españoles con problemas de liquidez. La Comisión Europea
confía en que con este programa de ayuda y las reformas emprendidas por el
gobierno español se recupere la confianza de los inversores y se avance hacia
el crecimiento y el empleo en España.
La
decisión la ha tomado el Eurogrupo, formado por los 17 países que comparten la
moneda única, para apoyar los esfuerzos que las autoridades españolas están
realizando en la reforma del sector financiero. En esta ocasión, por primera
vez, la ayuda comunitaria no se ofrece para sanear las finanzas de un Estado
miembro, como ocurrió en los casos de Grecia, Irlanda o Portugal, sino que
permiten un apoyo sectorial, con la finalidad específica de que los fondos se
destinen a la reestructuración bancaria.
Un préstamo al sector financiero, a través del Estado
Como
la normativa europea impide que este tipo de ayudas comunitarias vayan
directamente al sector privado, el Estado español es el responsable de hacer la
petición formal y de recibir el capital, que se canalizará a través del Fondo
de Reestructuración Ordenada Bancaria (FROB), como agente del gobierno español.
El
Eurogrupo ha fijado el capital disponible en 100.000 millones de euros, una
cantidad que posiblemente no llegue a utilizarse, pero que ofrece un margen de
seguridad para cubrir las necesidades de recapitalización. La cantidad
definitiva se decidirá una vez que las consultoras independientes contratadas
por el gobierno español den su informe sobre esas necesidades, previsiblemente
a finales de junio.
Una
vez realizada la petición formal por parte del gobierno español se concretarán
las condiciones del préstamo, el plazo de devolución y el tipo de interés, que la Comisión Europea
estima en torno al 3 o 4%, muy ventajoso en relación a lo que ofrecen los
mercados.
También
hay que decidir a través de qué instrumento se efectúa el préstamo, si del
actual Fondo Europeo de Estabilidad Financiera; del nuevo Fondo permanente,
Mecanismo Europeo de Estabilidad, que entrará en vigor el uno de julio; o de
una combinación de ambos.
El
préstamo no computa como déficit, puesto que no es un ingreso ni un gasto del
Estado, pero sí como deuda y queda por determinar si los intereses afectarán al
déficit público, cuestión que decidirá la oficina estadística de la UE, Eurostat, una vez que se
establezca el programa y el consiguiente plan de reestructuración bancaria. En
los anteriores programas de ayuda financiera, ha habido una separación y esos
intereses se computan aparte.
Sin condiciones adicionales para España
La Comisión
Europea
ha aclarado que no se exigen contrapartidas nuevas al gobierno español a cambio
de recibir esta ayuda financiera. La condicionalidad se centra en el sector
financiero y bancario, que debe usar la inyección de liquidez recibida
exclusivamente para su saneamiento. Por tanto, no hay condicionalidad adicional
para el Estado español, es decir, no se exigirán nuevas medidas en política
fiscal o reformas estructurales.
Sin
embargo, habrá una vigilancia estricta por parte de las instituciones europeas
y del Fondo Monetario Internacional sobre el destino final de los fondos
recibidos y sobre el cumplimiento de los compromisos ya adoptados por el
gobierno español para cumplir los requisitos de déficit establecidos en el
Pacto de Estabilidad y Crecimiento, incluidas las recomendaciones de la Comisión Europea,
que contemplan, entre otras medidas, un mayor esfuerzo fiscal y la
aceleración de la reforma de las pensiones. Si se detectara incumplimiento de
estos objetivos, el Eurogrupo podría suspender el préstamo.
Un refuerzo para la solvencia de España y de la eurozona
El
vicepresidente de la
Comisión Europea y responsable de Asuntos Económicos y
Financieros, Olli Rehn, ha señalado los objetivos que se persiguen con este
programa de ayuda financiera:
- Corregir los desequilibrios del sector financiero español
- Demostrar la solidaridad de Europa con España para que el crédito vuelva a fluir
- Evitar la repercusión de la crisis del sector en la crisis de deuda soberana
- Frenar un posible “efecto contagio”
- Demostrar el compromiso inequívoco con la moneda única
- Enviar una señal clara de que la eurozona es capaz de afrontar sus desafíos
- Restaurar la confianza en la zona euro
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