Consulta sobre el Registro de Transparencia

El 1 de marzo, la Comisión va a poner en marcha una consulta pública de 12 semanas a fin de recabar opiniones sobre el régimen actual de registro de los representantes de intereses que pretenden influir en la labor de las instituciones de la UE y sobre su futura evolución hacia un régimen de registro obligatorio de grupos de interés tanto para el Parlamento Europeo como para el Consejo de la Unión Europea y la Comisión.

La Comisión ha planeado una consulta en dos partes que permitirá recabar respuestas de una amplia gama de partes interesadas, sociedad civil y ciudadanos. La primera parte de la consulta no requiere un conocimiento detallado del actual Registro de Transparencia y permite a personas no expertas dar una respuesta sobre cuestiones de principio y ámbito de aplicación, mientras que la segunda sección recaba las opiniones de las personas que usan el sistema actual sobre el funcionamiento de este en la práctica. Los documentos de la consulta están disponibles en todas las lenguas de la UE para alentar una amplia respuesta. La consulta terminará el martes 24 de mayo.

El nuevo régimen, que la Comisión tiene previsto proponer en forma de proyecto de acuerdo interinstitucional, iría más allá del actual Registro, que gestionan conjuntamente el Parlamento Europeo y la Comisión, pero que no tiene carácter obligatorio ni vincula al Consejo. 

Las reformas internas de la Comisión ya han impulsado un fuerte aumento de las inscripciones en el Registro de Transparencia: a 1 de marzo, hay 9 286 inscripciones en el Registro de Transparencia actual, lo que contrasta con las 7 020 que había el 31 de octubre de 2014, antes de que esta Comisión entrara en funciones y aplicara esas reformas. La Comisión cree que la colaboración con los colegisladores en el Parlamento Europeo y el Consejo constituye un medio importante para que los ciudadanos se hagan una idea completa de los grupos de interés que pretenden influir en el proceso legislativo y de las organizaciones que consultamos. La consulta pública también se aprovechará en la propuesta que presentará la Comisión más adelante este año.

Contexto: La Comisión ya ha realizado importantes reformas en sus propias normas internas para promover una mayor transparencia. Con arreglo a los métodos de trabajo de la Comisión Juncker, los comisarios dejarán, en general, de reunirse con los organizaciones que no figuren en el Registro de Transparencia.

En consonancia con la Iniciativa en favor de la transparencia, presentada en noviembre de 2014, todas las reuniones entre los representantes de los grupos de interés y los comisarios, sus gabinetes y los Directores Generales de la Comisión deben hacerse públicas en el plazo de dos semanas desde su celebración.

En su primer año, la Comisión publicó información sobre más de 6 000 reuniones (aproximadamente 5 500 de los Comisarios y gabinetes y 600 de los Directores Generales). La introducción de este nuevo sistema ha hecho obligatoria la inscripción en el registro para quien desee reunirse con los más altos responsables políticos y funcionarios de la UE.

IP/16/462

Las orientaciones políticas del presidente Juncker y el programa de trabajo de la Comisión para 2016 asumen ambos el compromiso de que la Comisión propondrá un nuevo Registro de Transparencia obligatorio para todas las instituciones de la UE. La Comisión cree que los ciudadanos tienen derecho a saber quiénes pretenden influir en el Parlamento Europeo, el Consejo y la Comisión en el marco del proceso legislativo.

Los cambios previstos en el Registro de Transparencia forman parte de un compromiso más amplio de reformar la formulación de políticas de la UE. En su Programa de mejora de la legislación, presentado en mayo de 2015, la Comisión asumió el compromiso de abrir su proceso de formulación de políticas a las opiniones y al control de la población. Ya se han creado los nuevos mecanismos para recabar respuestas de las partes interesadas, de manera que la Comisión pueda conocer las opiniones desde el comienzo de la elaboración de una iniciativa sobre la base de las hojas de ruta y evaluaciones del impacto inicial, así como tras la aprobación de una propuesta por la Comisión, para aprovecharlas en el proceso legislativo en el Parlamento y el Consejo.

También existen herramientas para que las partes interesadas presenten sus observaciones sobre la legislación en vigor en el marco del programa REFIT. La página web «Lighten the Load

— Have your say» («Aligere la carga – Diga lo que piensa») ya funciona y permite a los ciudadanos dar su opinión sobre la legislación vigente de la UE. Las contribuciones recibidas se aprovechan en el trabajo de la plataforma REFIT, que asesora a la Comisión sobre aspectos de la legislación que podrían revisarse para que el Derecho de la UE sea más eficaz y eficiente.

En noviembre de 2014, la Comisión adoptó también una Comunicación que esboza el modo en que será más transparentes las negociaciones sobre una Asociación Transatlántica de Comercio e Inversión (ATCI). La Comisión considera esencial ofrecer a la ciudadanía una información precisa y completa de las intenciones de la UE en las negociaciones.