El Programa de España es
el primero de este tipo en adoptarse para el período 2014-2020, en respuesta a
una petición del Consejo Europeo de los días 24 y 25 de octubre de 2013, por la
que se animaba a los Estados miembros a hacer uso de esta iniciativa conjunta,
desarrollada por la Comisión
y el Grupo del Banco Europeo de Inversiones (BEI) para mejorar el acceso a la
financiación de las empresas pequeñas europeas con problemas de liquidez.
Al comentar la adopción,
Corina Crețu,
Comisaria de Política Regional, ha declarado:
«España actualmente es una referencia para otros países de la UE por el apoyo que presta a las pequeñas empresas. Con este primer programa de la «iniciativa PYME» de la UE, España está cumpliendo su parte en la consecución de uno de nuestros objetivos comunes a escala europea: mejorar el entorno empresarial de las PYME. Este paquete de 800 millones de euros se multiplicará en cuanto a su impacto positivo para la economía, especialmente a través de las inversiones del sector privado que ha de suscitar. En un país que se esfuerza por combatir el generalizado desempleo juvenil, permite a las pequeñas empresas españolas crear oportunidades de empleo, que son tan necesarias»
Esta medida de apoyo a
las PYME, prevista en los reglamentos sobre política de cohesión, permitirá que
la financiación en virtud del programa hoy aprobado se utilice en la aplicación
de un nuevo instrumento financiero facilitado a los bancos españoles por el
Grupo del BEI, lo que, a su vez, debería traducirse en nuevos préstamos
favorables para las PYME.
En una evaluación ex
ante de la «iniciativa PYME», de 2013, se describen los resultados de la última
encuesta sobre el acceso a la financiación de las pequeñas y medianas empresas
en la zona del euro. En ella se muestra que España figura entre los países que
comunicaron el mayor porcentaje de PYME para las que el acceso a la
financiación constituye su mayor preocupación. La encuesta muestra también que
las PYME se enfrentan a mayores índices de denegación en comparación con las
grandes empresas, una característica que se agrava en los Estados miembros
vulnerables.
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