Cuando presente su caso a SOLVIT, el Centro SOLVIT de su país (denominado «Centro SOLVIT de origen») revisará el contenido de su solicitud para cerciorarse de que se trata de un caso de aplicación incorrecta de la
s normas del mercado interior y de que se ha ofrecido toda la información necesaria. A continuación, el Centro introducirá su caso en un sistema de bases de datos en línea y aquél será enviado automáticamente al Centro SOLVIT del otro Estado miembro en el que se ha producido el problema (denominado «Centro SOLVIT responsable»).El Centro SOLVIT responsable deberá confirmar en el plazo de una semana si se encargará de su caso. Ello dependerá en gran medida de si considera que la presentación del caso está justificada y de si resulta probable que pueda resolverse de manera pragmática. En determinados casos el problema puede residir en la propia norma, y no sólo en su aplicación. Cuando la solución de un problema exija la abolición de una norma concreta, puede llevar muchos meses (o más tiempo) y posiblemente exigir una acción judicial formal. En tales casos, SOLVIT no puede hacer gran cosa, aunque un Estado miembro que ha aceptado modificar una norma impugnada puede optar por renunciar a aplicarla.
El plazo para hallar una solución al problema es de 10 semanas.
Los dos centros SOLVIT trabajarán conjuntamente para tratar de solucionar el problema; el Centro SOLVIT de origen mantendrá al interesado informado de la evolución y la solución propuesta.
SOLVIT constituye lo que denominamos un mecanismo alternativo de solución de conflictos, que funciona con mucha más rapidez que en el caso de presentación de una reclamación formal. El solicitante no está obligado a aceptar la solución que se le proponga, pero no puede recusarla formalmente a través de SOLVIT. No obstante, en caso de que no se resuelva un problema o de que considere que es inaceptable la solución propuesta, aún puede emprender una acción judicial ante un tribunal nacional o presentar ante la Comisión Europea una reclamación formal.
